AMARC demanda la aplicación de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina

Tras la decisión de la Justicia Argentina de suspender la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) hace un llamado al Estado argentino a fin de que las subsecuentes decisiones judiciales se tomen conforme a los estándares más altos en materia de derechos humanos. Esto significa en los hechos que esta ley pueda ser aplicada.   Tal y como lo estableció la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su último informe, la citada ley "representa un importante avance respecto de la situación preexistente en Argentina. En efecto, bajo el marco normativo previo, la autoridad de aplicación era completamente dependiente del Poder Ejecutivo, no se establecían reglas claras, transparentes y equitativas para la asignación de las frecuencias, ni se generaban condiciones suficientes para la existencia de una radiodifusión verdaderamente libre de presiones políticas. ".   Igualmente, el Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión estableció en su momento su beneplácito y aval a la Ley en comento dado el avance que representa en materia de libertad de expresión.   AMARC hace un llamado para que cualquiera que sea el curso que tome el proceso judicial de impugnación a la Ley, se tomen en cuenta los estándares más alto en materia de libertad de expresión que Argentina se ha comprometido a cumplir, en congruencia con las demandas de diversos sectores de la sociedad argentina como lo demuestran las distintas manifestaciones masivas llevadas a cabo en días recientes. Esta ley representa la posibilidad de democratizar el sistema de medios a partir, entre otras medidas, del reconocimiento de los tres sectores de medios: públicos, privados y sin fines de lucro, entre estos últimos, las radios comunitarias, así como medidas para evitar la concentración de medios y prácticas monopólicas.   La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 fue sancionada por una amplia y diversa mayoría del Congreso Nacional argentino el 10 de octubre de 2009. Esta ley es producto de un amplio debate promovido por los medios comunitarios, públicos, comerciales, entre otros sectores, desde el regreso de la democracia en 1983, después de una dictadura militar sumamente represiva. La suspensión de la aplicación de la Ley de SCA es resultado de las medidas impuestas por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza que objetó la medida por cuestiones de procedimiento durante el tratamiento del proyecto en el Congreso. Por una cuestión meramente procedimental se puso nuevamente en vigencia la Ley de Radiodifusión 22.285 aprobada en la última dictadura militar, que ha estado en vigencia por más de 25 años, con características centralista y que excluye a bastos sectores de la posibilidad de expresarse libremente a través de los medios de comunicación. Por todo lo dicho, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias se suma a los reclamos de las organizaciones sociales, de los sectores académicos y medios comprometidos con la democratización de los medios de comunicación para la construcción de sociedades verdaderamente democráticas, y demanda al Estado Argentino que actúe conforme a los estándares más altos en materia de derechos humanos que él mismo se ha comprometido a cumplir.